Condenaron a seis años de prisión al líder de la “banda de los mecánicos”

Un integrante de la “banda de los mecánicos” de Itatí fue condenado a seis años de prisión por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, compuesto por tres magistrados subrogantes que intervinieron en el juicio a uno de los supuestos líderes de una organización que “cargaba” automóviles con marihuana para trasladarla a otras provincias. El imputado, Julio César Marín, fue sentenciado a seis años de prisión y al pago de $225, debido a que fue hallado responsable del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -en calidad de autor- con el agravante de la pluralidad de intervinientes”. Esto se debe a que fue sindicado como quien supuestamente intervenía junto a otros tres colaboradores en las tratativas para la comercialización de importantes cantidades de marihuana, que eran trasladadas en automóviles que la misma banda acondicionaba en los vehículos. La operatoria por la que se lo procesó había sido investigada en 2013, cuando se allanó el inmueble que luego fue decomisado. Pero, años después, las operaciones de tráfico de drogas fueron reveladas por un testigo de identidad reservada, en el marco de la causa del operativo Sapucay, por la que procesaron al entonces intendente de Itatí, Natividad Terán; a su vice, Fabio Aquino; al comisario del pueblo, Diego Ocampo Alvarenga; efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional, como a más de 25 civiles, todos ellos acusados de intervenir en el tráfico de estupefacientes desde Paraguay hacia siete provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero, si bien los datos de la causa en la que está Julio César Marín fueron incorporados a la investigación llevada adelante por un juez porteño Sergio Torres, el imputado no figura entre los encausados de la conocida como causa Sapucay, sino que se lo acusó en un expediente judicial identificado como FCT Nº 976/2013, llevado adelante por el magistrado correntino Juan Carlos Vallejos. El magistrado había mandado a detenerlo, al igual que a sus cómplices Carlos Aldo Marín, Maximiliano, Víctor Marín y a José Piris, pero pudo evadirse. Mientras estuvo prófugo los demás integrantes de la organización criminal fueron enjuiciados (ver aparte). El juicio en el que Julio César Marín fue condenado se llevó adelante con la modalidad abreviada. Es que los abogados defensores habían acordado con los representantes del Ministerio Público Fiscal aceptar los cargos en su contra -sin reconocer la culpabilidad- y asumir la pena de seis años de prisión. De esta forma se omitieron cargos que habrían agravado su condición y por los que le hubieran penado con más años de reclusión. En el juzgamiento intervino el magistrado chaqueño Juan Manuel Iglesias, quien debió subrogar a los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas y Fermín Ceroleni, ya que estos se habían inhibido. Esto ocurrió en marzo del año pasado, cuando los magistrados correntinos habían emitido una resolución en la que explicaban que debido a que habían intervenido en el debate a los demás integrantes de la causa, y que “para arribar a dicho decisorio, se valoró y adelantó opinión respecto de la intervención en el hecho de Julio César Marín, ello pone en descubierto la inevitable uniformidad de los hechos sometidos a juzgamiento, anticipando así un juicio de valor que ya fue establecido en la causa; consecuentemente, se llega a la conclusión que corresponde que el Tribunal debe excusarse de actuar”.

La mecÁnica del delito

Cerca de la Ruta nacional 12, en el ingreso a la localidad de Itatí, en la Ruta provincial 20, se emplazaba un taller mecánico que fue allanado el 23 de julio de 2013, a las 23.40. Ese día los efectivos de la Prefectura recibieron una denuncia anónima en la que se daba a conocer que en ese taller se cargaban tres vehículos con marihuana. Los efectivos fueron hasta el lugar señalado y solicitaron autorización al dueño del taller, que está emplazado en un campo, para ingresar a fin de corroborar la denuncia, pero este negó el acceso. En forma inmediata, el mismo ocupante del lugar pidió la presencia de la Gendarmería Nacional, fuerza a la que había autorizado a entrar al lugar. Pero ante esto, los prefecturianos solicitaron una orden de allanamiento al Juzgado Federal de turno. El magistrado interviniente había ordenado a la Prefectura que revisase el inmueble y que se retire de allí la Gendarmería. En el predio se hallaban Carlos Marín, Maximiliano Marín, José Piris y Víctor Marín. Pero mientras los funcionarios realizaban el procedimiento se presentó Julio Marín, quien pretendía evitar la requisa. Pese a esto, los uniformados incautaron tres vehículos cargados con bolsas de arpillera, que contenían 484,765 kilogramos de marihuana. s